Tasas públicas y financiación de la universidad española

A propósito de los comentarios al artículo sobre los precios públicos a pagar para realizar el examen de acceso a segundo ciclo, pensé que sería interesante escribir sobre la financiaciónn de la universidad pública española.

Los servicios públicos se definen por dos características: todos los ciudadanos pueden acceder a ellos por igual y no tienen coste directo para sus usuarios (es decir, se financian vía impuestos aplicados a la población activa, al capital, al consumo, etc).

La universidad española cumple el primer criterio: todos aquellos que posean el nivel académico adecuado, y superan las pruebas de acceso a la universidad pueden disfrutar del servicio público.

Sin embargo, el segundo criterio, el de la gratuidad, no se cumple. Para poder cursar estudios en la universidad, cada año hay que pasar por caja/secretaría y soltar una cantidad que oscila entre 600 y 800 €, dependiendo de la titulación y la universidad.

¿Realmente tienen los estudiantes que pagar por sus estudios? Es decir ¿no dispone el estado de recursos suficientes para financiar los gastos derivados de la educación superior?. Para poder responder a esta pregunta, echemos un vistazo a la estructura de ingresos y gastos de la universidad pública española en el año 2006 (último con datos disponibles):

ingresos y gastos de las universidades públicas espespañolas

Fuente: Universidad Española en Cifras 2006. Observatorio Universitario. CRUE (Vía Universia)

Centrémonos en el apartado de ingresos de origen público. De los aproximadamente 5.600 millones de euros que la universidad recibe, el 54,02% procede de aportaciones directas de las arcas del estado. El 16,12% restante procede de las tasas y precios públicos que los alumnos pagan directamente a la universidad. Esto supone un total aproximado de 900 millones de euros.

Si el Estado realmente pretende que la universidad sea un servicio público genuino, un buen paso en esta dirección sería calcular si las arcas del estado pueden afrontar este gasto.

En el año 2006, las arcas del estado registraron un superávit de aproximadamente 16.000 millones de euros. Si descontamos la cantidad requerida para evitar que los alumnos tengan que pagar sus matrículas, aun obtenemos un superávit de 15.100 millones de euros, suficiente a mi juicio para mantener la salud económica del país, y al mismo tiempo ofrecer unos servicios adecuados a sus ciudadanos.

La conclusión que podemos obtener de este análisis económico es la siguiente: los ingresos que obtiene el estado vía impuestos son suficientes para permitir una gratuidad efectiva de los estudios universitarios. Si esta se impusiese, se contribuiría a la igualdad efectiva entre estudiantes y se garantizaría un servicio público real, a la vez que se evitaría que estudiantes válidos quedaran apartados fuera del sistema por motivos económicos (600 euros puede parecer poco, pero para una economía familiar modesta, con una hipoteca al alza, es un gasto que en muchos casos no puede abordarse). Insisto, no sería necesario subir los impuestos, como tantas veces se ha afirmado.

Que esta medida no se ponga en marcha (al igual que otras que contribuirían al desarrollo de la economía del conocimiento, como la mejora de las becas y la ampliación de su cobertura) se debe a que la política económica del país sigue una línea de corte liberal. Esto obviamente es una valoración personal. Pero si lo que queremos es ser una potencia en investigación y en educación, y no en construcción y en número de hipotecas, la política de este país debería orientarse a gastar más dinero en educación y en investigación, y a dejar de engordar las arcas, sin que estos activos beneficien a la población.

Saludos

Olli

Actualización – 8 de Septiembre, 17h: Comentando este tema, me han pedido que calculase cual sería el gasto para las arcas públicas si se otorgase una beca de carácter universal a todos los alumnos universitarios. En el curso 2006/2007 se matricularon aproximadamente 1.300.000 alumnos. Si esta beca fuera de 1.000 euros, el importe para el estado ascendería a 1.300 millones de euros. Si fuera de 2.000 euros, ascendería a 2.600 millones de euros. El coste combinado de suprimir las matrículas junto con la medida de beca universal para todos los alumnos ascendería a 3.500 millones de euros. A pesar de ser una cifra muy elevada, sería asumible por el estado, y se obtendría un superávit de 12.500 millones de euros.

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