La responsabilidad del traductor/intérprete (III)

Este último artículo no trata estríctamente sobre la responsabilidad que un traductor o un intérprete tiene al desempeñar su labor en el campo de la traducción/interpretación jurídica o jurada, sino sobre cómo ajusta la legislación española el marco para las características que deben tener los contratos y otros documentos oficiales que hayan sido o vayan a ser objeto de una traducción.

Ante todo, dichas normas del Código Civil exponen las circunstancias generales a las que debe adaptarse la lectura de cualquier documento traducido:

Artículo 3

1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.

A pesar de que esta norma general resulte sencilla, y puede parecer una mera formalización por escrito de un pensamiento surgido del sentido común, a la hora de aplicarla surgen una serie de problemas.

Hay que tener en cuenta que la recepción de textos legales, y otros documentos de índole oficial, transacciones de cualquier tipo y demás, pueden resultar ambiguos o confusos a la hora de su recepción en el sistema jurídico-económico de llegada, o ser incompatibles en alguna de sus partes con la cultura de la lengua meta:

La responsabilidad del traductor/intérprete (II)

Continuando con la temática del último artículo que publiqué en TraduBlog, seguiré exponiendo brevemente las diferentes responsabilidades en las que incurre el traductor/intérprete, en función de la situación en la que esté desarrollando su trabajo, ya que, evidentemente, según el ámbito de su labor, estará más ligado a una serie de leyes que a otras.

Así, por ejemplo, si atendemos a los casos en los que se hace necesaria la participación de intérpretes en la Ley de Enjuiciamiento Civil, podemos observar cómo se regulan las posibles situaciones en las que ha de facilitarse o solicitarse un intérprete para una declaración, un juicio, etc. También aparece un artículo dedicado a la validez de los documentos extranjeros presentados ante las autoridades españolas y a las traducciones de éstos.

Artículo 143. Intervención de intérpretes.

1. Cuando alguna persona que no conozca el castellano ni, en su caso, la lengua oficial propia de la comunidad autónoma hubiese de ser interrogada o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución, el tribunal, por medio de providencia, podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua de que se trate, exigiéndosele juramento o promesa de fiel traducción.

De las actuaciones que en estos casos se practiquen se levantará acta, en la que constarán los textos en el idioma original y su traducción al idioma oficial, y que será firmada también por el intérprete.

2. En los mismos casos del apartado anterior, si la persona fuere sorda, se nombrará siempre, conforme a lo que se dispone en el expresado apartado, al intérprete de lengua de signos adecuado.

De las actuaciones que se practiquen en relación con las personas sordas se levantará la oportuna acta.

La responsabilidad del traductor/intérprete (I)

La traducción, como toda actividad, tiene una serie de consecuencias y responsabilidades legales que, a pesar de estar patentes en todas las ramas de la disciplina, se hacen todavía más visibles si cabe en la Traducción/Interpretación Jurídica y Jurada.

La explicación a este hecho es bastante lógica, ya que no sólo se trata de un trasvase de documentos de una lengua a otra, sino que, en función de lo que se traduzca (sentencias, declaraciones), se juega con el posible encarcelamiento o no de una persona, lo cual hace que la labor del traductor tenga que realizarse de la manera más escrupulosa posible.

De hecho, hay todo un conjunto legal para regular las actividades de la Traducción/Interpretación en distintos campos del ordenamiento jurídico, que delimitan desde las situaciones en las que es pertinente la intervención de un traductor/intérprete hasta las consecuencias que pueden tener para éste.

Véase, por ejemplo, el caso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que estipula los casos en los que es necesaria y está permitida la utilización de un intérprete como mediador entre el acusado/testigo y el abogado/juez:

El panorama de la investigación en traducción jurídica

La traducción jurídica, debido a su relación con las circunstancias socio-políticas tan cambiantes del mundo actual, y a que debe lidiar (igual que la traducción científica o la técnica) con la aparición de nuevas realidades, es un campo en continua expansión, lo que la convierte en un terreno que debe examinarse para poder ser actualizado en función de la evolución de las demandas a las que tiene que hacer frente.

Uno de los primero problemas que el traductor se encuentra es el hecho de que los conceptos clave más importantes en la teoría no han sido aún definidos con precisión, lo que hace que este campo carezca de una terminología propia completamente consolidada.

En cuanto a la práctica profesional, los traductores de este gremio se encuentran con la necesidad de mejorar la calidad de los diccionarios y bases de datos disponibles en este campo, hay que ampliar la documentación atendiendo a las necesidades de los traductores, reforzar los sistemas de control de calidad, etc. A esto hay que sumar la existencia de una falta de consenso importante entre los profesionales de la traducción jurídica y de una comunicación fluida entre el traductor y el cliente y/o el receptor.

Los problemas de la Traducción Jurídica

Aunque en mi anterior artículo intenté definir y separar más o menos claramente las disciplinas de la Traducción Jurídica y la Traducción Jurada, es verdad que hay que admitir que “Traducción Jurídica” es un concepto mal definido identificado con la doctrina de la tipología textual, que establece tipos de textos que tampoco están bien delimitados entre sí. Es por esto que en la práctica resulta imposible separar materias como la Traducción Jurada y la Traducción Jurídica.

Al igual que un texto puede clasificarse de diferentes maneras en función de la perspectiva con la que se analice, también existen varias formas de traducir el mismo texto:

- El propio traductor es el origen de esta variación traductora. Debido al tipo de formación que ha recibido, sus concepciones estilísticas, el tiempo del que disponga, etc., el resultado final de la traducción variará considerablemente de un profesional a otro.

- Aunque en este tipo de textos se da una fuerte oposición en la sinonimia dentro de un mismo idioma, hay que tener en cuenta el grado de variación que se da a la hora de escoger una u otra solución para traducir una expresión jurídica. Hay que conocer cuáles son las posibilidades de traducción de una expresión para referirse a conceptos con los que el interlocutor no está familiarizado. Sin embargo, este tipo de inventarios está incompleto de momento y sin una sistematización completa.

Traducción Jurídica vs. Traducción Jurada

Como todos sabéis, la Traducción no es una actividad genérica en la que pueden englobarse todas las actividades de traslación de un texto de un idioma a otro, sino que en función del tipo de texto, de su contenido, su intención, el/los emisor/es y el/los receptor/es se habla de un tipo de traducción u otro.

Si se clasifican las ramas de la Traducción por el tipo de texto con el que trabaja encontramos traducción literaria, traducción jurídica, traducción científico- técnica, traducción periodística, etc. Todos los campos están más o menos claros para el estudiante de traducción, con la excepción de la traducción jurídica, que en muchas ocasiones se confunde con la traducción jurada, llegando a emplearse estos dos términos de manera indistinta, cuando hacen referencia a dos realidades bastante diferentes.